La corrupción y el fraude se encuentran recurrentemente entre los principales problemas que existen en España, según las encuestas del CIS, siendo las contrataciones con el sector público una fuente inagotable de titulares sobre irregularidades de todo tipo.
Con el objetivo de dotar de mayor transparencia este tipo de contrataciones, incrementar los controles sobre la corrupción y la morosidad y garantizar la libre concurrencia, el Congreso acaba de aprobar la nueva Ley de Contratos del Sector Público, trasponiendo de esta manera al ordenamiento jurídico español las directivas europeas sobre contratación con el sector público.
Son muchas las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, pero entre las más destacadas podemos encontrar las siguientes:
- Se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad.
- División en lotes de los contratos susceptibles de fraccionamiento.
- Relación calidad-precio.
- Consultas preliminares con expertos o con el propio mercado.
- Control de la morosidad.
- Factura electrónica obligatoria.
- Pago directo a los subcontratistas.
- Cláusulas sociales y medioambientales.
- Inserción laboral.
- Indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas.
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