La Junta de Andalucía tiene un ‘plan b’ para mantener las 35 horas para sus funcionarios:burlar al Tribunal Constitucional (TC) y a la sentencia por la que ha anulado la reducción de jornada de la que disfrutaban los empleados públicos andaluces desde principios de año.
La fórmula la anunció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, apenas unas horas después de que se conociese el fallo por el que el TC tumba la privilegiada jornada del sector público de Andalucía que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, asumió casi como un compromiso personal.
El plan del gobierno andaluz pasa por aprobar un nuevo decreto que sustituya a los dos que vieron la luz en enero y que la sentencia del Constitucional anula. Un decreto exprés que se pretende que esté aprobado el martes tras ser consensuado con los sindicatos el lunes y que, básicamente, consiste en contabilizar las horas que los funcionarios andaluces trabajan desde sus casas, dos horas y media que sumadas a las 35 alcanzan las 37,5 horas fijadas por el Gobierno central y avaladas por el TC.
La consejera del ramo usó ayer la expresión de «trabajos preparatorios» y detalló que la fórmula ideada permitirá computar como jornada laboral el tiempo que se dedica a la preparación de sus trabajos fuera del puesto físico, sea oficina, colegio u hospital.
Por si aún había dudas, Montero puso ejemplos: la preparación de casos clínicos por parte de los sanitarios; la de las clases por parte de los docentes y, en general, todas las tareas que «normalmente los empleados públicos desarrollan en su ámbito doméstico».
La treta de la Junta de Andalucía para sortear al Constitucional beneficiará, repitió de nuevo el Gobierno autonómico, a sus 250.000 empleados -aunque en la práctica la jornada de 35 horas sólo la disfrutaban por ahora 45.000 funcionarios- y permitirá, insistió Montero, mantener los 7.000 contratos que se han realizado desde que se implantó el horario.
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