Aunque la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, entrará en vigor el próximo día 9 de marzo de 2018, su contenido material está vigente en su mayor parte, tanto por el efecto directo de las Directivas de contratación desde el 18 de abril de 2016, como por haber incorporado el nuevo texto doctrina legal consolidada sobre contratación pública. Un buen ejemplo de esta vigencia “anticipada” es la obligación de remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de datos sobre los contratos realizados en el año 2017, para elaborar el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, analizando el cumplimiento de los objetivos de «estrategia» e «integridad» de las Directivas y las dificultades para alcanzarlos, (Resolución de 15 de noviembre de 2017). Ello nos debería llevar ya a tramitar los contratos a la vista de la nueva Ley, sin perjuicio de las referencias aún al TRLCSP.
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