La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de Mayo provocó un tsunami jurídico en la vida financiera local, dejando sumidos en la incertidumbre tanto a Ayuntamientos como a contribuyentes sobre la carga de la acreditación de la existencia de incremento o decremento del valor del terreno de naturaleza urbana, y especialmente que sucedía con las transmisiones y liquidaciones previas a tal mazazo constitucional.
La labor de aclarar el impacto de la sentencia constitucional sobre las liquidaciones de plusvalías y eventuales devoluciones, corresponderá a la Sala contencioso-administrativo del Tribunal supremo que en recientes autos está apreciando el interés casacional en importantes cuestiones del escenario que va a fijar, urbi et orbe, lo que supondrá un gran servicio a la seguridad jurídica.
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