Las políticas de datos abiertos (u open data) representan el primer paso hacia una sociedad más justa y transparente. La lucha contra el fraude, el bloqueo de capitales o el terrorismo pueden dar un gran salto gracias a la libre compartición de los datos de carácter público. Porque esa información abierta es la fuente a través de la que organismos de control y la prensa pueden ejercer su labor.

Los datos de carácter público sirven asimismo como generación de oportunidades de negocio para los emprendedores, y como fuente de ahorro para las administraciones. Para el año 2020, el Portal Europeo de Datos estima que los ahorros derivados de la reutilización de la información pública ascenderá a 1.700 millones de euros en la Unión Europea de los 28. Por último, el open data constituye un mecanismo para mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la administración.

Punto de partida

Buenas noticias. España es el país europeo más preparado para asimilar e implementar políticas de datos abiertos con un 92,2% de capacidad, según informe anual del Portal Europeo de Datos Públicos, que analiza 31 países del Viejo Continente.

No obstante, queda mucho por hacer, en especial entre las administraciones locales. Con el fin de orientar a los ayuntamientos sobre sus responsabilidades legales en materia de transparencia y las herramientas tecnológicas que tienen a su disposición para realizar acciones concretas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha publicado una guía práctica.

Este manual, de 122 páginas y elaborado con la colaboración de la escuela de negocios Esade y la consultora PwC, está disponible de forma gratuita a través de la web de FEMP. «Todavía hay una gran cantidad de datos, la mayoría, que están escondidos, bien en papel en las organizaciones, bien en bases de datos que debemos transformar y poner en línea para que verdaderamente despeguen los datos abiertos en España», indica el citado documento.

La guía enumera los componentes básicos que ha de incluir cualquier portal de datos abiertos, y da algunos consejos sobre cómo minimizar la resistencia al cambio.

Otro de los capítulos versa sobre los formatos en los que deben estar guardados los datos. La Ley de Transparencia española exige que la información pública sea accesible, entendible y reutilizable, si bien » existen miles de formatos de ficheros, y no todos son reutilizables, ni abiertos», recuerdan los autores de la guía.

Priorización

Uno de los apartados más interesantes está dedicado a los conjuntos de datos mínimos que toda administración local debería ofrecer. Constituye el punto de partida de cualquier entidad que quiera emprender políticas de open data. El capítulo no sólo enumera cuáles son estos conjuntos de datos, sino que los desarrolla y estructura. Prioriza, por ejemplo, la agenda municipal de la alcaldía y el personal directivo, las actividades y eventos, los aparcamientos públicos, la calidad del aire, el callejero oficial, el censo de locales, la deuda pública, el padrón municipal, los lugares de interés turístico, el transporte público o los puntos de conectividad WiFi, entre otros.

Por último, «además de la formación proporcionada al personal de las Administraciones Públicas, es necesario formar a la ciudadanía en la búsqueda, el análisis y el uso de los datos abiertos», establece la guía.