Por su interés publicamos la Memoria correspondiente al ejercicio 2016 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (TARCAS).
El retraso en la aprobación de la LCSP no empece el cumplimiento del mandado de la Directiva 2014/24, y en cumplimiento de las obligaciones de Gobernanza de su capítulo IV, la JCCAPE ha de cumplir las obligaciones que le impone el artículo 328.3.d) y 328.4 de remitir información a la Comisión Europea. La Junta requiere a todos los poderes adjudicadores que le remitan la información necesaria en formato electrónico, cuyo modelo e instrucciones para rellenarlo se recogen en esta Resolución.
– La información ha de remitirse a la JCCPE en el 16 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018. Antes del 11 de diciembre ha de haberse designado a la persona, dotada de certificado electrónico, que va a introducir los datos en el formulario electrónico (en las EELL, la responsabilidad corresponde al Secretario).
– Se ha de remitir la información referente a los contratos celebrados entre el 1 de enero y 15 de diciembre de 2017.
– La información será con el detalle solicitado para los contratos SARA de obras, servicios, suministro, concesión de obra pública y gestión de servicios público con trasferencia del riesgo operacional al contratista. Para el resto de contratos, debe proporcionarse el valor agregado total, incluidos los menores (con excepción de los menores de 5000€ tramitados con sistema de pago de anticipo de caja fija o similar),
– La información incluye datos sobre aplicación de medidas en contratación íntegra y estratégica: prevención de la corrupción, fomento de la contratación con pymes y de la innovación empresarial; criterios sociales y ambientales; así como los problemas detectados para no poder aplicar medidas en específicas en esos aspectos estratégicos de la contratación pública.
Organiza: Fundación Valentín de Madariaga Avda. de María Luisa, s/n, 41013 Sevilla
El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La nueva Ley entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, a los 4 meses de su publicación.
Dada la enorme relevancia de esta Ley y el elevado volumen de actividad económica que mueve la contratación del sector público, cercano al 20% del PIB español, resulta oportuno y conveniente la celebración de esta jornada dirigida a dar a conocer a los principales actores de la compra pública las novedades más relevantes de la Ley.
A tal efecto, se ha invitado como ponentes a especialistas de reconocido prestigio en cada uno de los temas que se abordan, que, tras una ponencia marco sobre las claves de la nueva regulación, a cargo de la Presidenta del Tribunal Especial de Contratos de Andalucía, desarrollaran en dos mesas redondas paralelas las novedades más relevantes de la Ley. Una especialmente dirigida a las Administraciones y demás entidades del sector público y otra a los licitadores que operan en los ámbitos de la contratación pública de obras, servicios, suministros y concesiones de obra y servicio.
Organizadas por el despacho SdeP & Carrillo Abogados, y con el patrocinio de Asociaciones que representan a licitadores y a contratistas, las jornadas pretenden ser un punto de encuentro entre los distintos actores en el que compartir retos y experiencias en torno a los problemas actuales de la contratación pública.
Director de la Jornada: SdeP & Carrillo Abogados, D. Juan Antonio Carrillo Donaire, D. Ernesto Pérez-Solano Rodríguez y Dña. Laura Babío de Pablos, Socios de SdeP & Carrillo Abogados
Inscripción: Hasta completar aforo
Precio: Gratuito
Jornada “ El papel del nuevo marco de contratación de servicios energéticos. Aspectos financieros y legislativos”, organizada por la Cámara de Comercio, que se celebrará el próximo 29 de noviembre en Sevilla.
Para acceder a la información pulsar el siguiente enlace:
https://camaradesevilla.com/eventos/2321/#programa
El pasado 9 de Noviembre de 2017 se ha publicado en el BOE la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que como su propio nombre indica transpone a nuestro ordenamiento dos de las tres directivas, del denominado tercer paquete de directivas en materia de contratación. El objeto de las presentes líneas es realizar una pequeña introducción a esta ley con sus principales novedades y estructura.
Fernando García Rubio es Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, y Técnico de Administración general del Ayuntamiento de Madrid.
El pasado 9 de Noviembre de 2017 se ha publicado en el BOE la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que como su propio nombre indica transpone a nuestro ordenamiento dos de las tres directivas, del denominado tercer paquete de directivas en materia de contratación. El objeto de las presentes líneas es realizar una pequeña introducción a esta ley con sus principales novedades y estructura.
Fernando García Rubio es Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, y Técnico de Administración general del Ayuntamiento de Madrid
Tras la adaptación de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se han hecho necesarias modificaciones en dichos pliegos, al objeto de adaptarlos a normativa publicada con posterioridad así como modificaciones de algunas cláusulas para perfeccionarlos.
Estos pliegos han sido recomendados por la Comisión Consultiva de Contratación Pública para su utilización por las Consejerías y demás organismos de la Junta de Andalucía, con el objeto de unificar criterios y dar la mayor uniformidad posible a los procedimientos de contratación.
Novedades en el ámbito local de la nueva Ley de Contratos del Sector Público Comentario de urgencia a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE del 9) – (Concepción CAMPOS ACUÑA – Doctora en Derecho y Secretaria de Administración Local)
Se informa a los colegiados de la invitación a la Jornada que se celebrará el día 13 de noviembre sobre la nueva normativa que afectará al ámbito local. Entre otras cuestiones se abordará la nueva Ley de Contratos y el Reglamento de control interno. La asistencia es absolutamente gratuita. Organiza: BDO.
FECHA: 13 de noviembre de 2017
HORA: 10 a 12:00 hs
LUGAR: Fundación Valentín de Madariaga. Avenida de María Luisa, s/n, Sevilla.
Fruto de esta ley es el RD 424/2015, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.El Real Decreto 424/2017 regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, como consecuencia de las modificaciones que introdujo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ambas normas pretenden lograr un control económico presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora.
Este Real Decreto no entra en vigor hasta el 1 de julio de 2018. No obstante, la necesidad de preparar a las distintas entidades locales, sus organismos autónomos y empresas municipales hace que un ejercicio de análisis de los requerimientos, en materia de cumplimiento normativo “compliance» y control interno. Los cambios que se presentan justifican una planificación y formación en la materia en el sector público local de: secretarios e interventores de Ayuntamientos, así como responsables de asesorías juridicas de entidades publicas (consorcios, fundaciones, sociedades, mancomunidades…). Y en el sector privado, responsables de asesorias, responsables de cumplimiento, abogados in house. Igualmente, dado que las empresas públicas se ven comprometida pueden estar interesados administradores, consejeros y gerentes.
La aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público ha atribuido tanto a la Administración Pública como a los licitadores un papel esencial en la lucha contra la corrupción y el fraude, incluyendo aspectos novedosos sobre la necesidad de implementar medidas de prevención, control y supervisión en el cumplimiento normativo.
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